El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
Su objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Chile se incorporó al Acuerdo el 13 de junio de 2022, convirtiéndose en el decimotercer Estado Parte.
